Portuarios en expectativa ante decisión del TSJ sobre recurso de nulidad [29/10/09]
Líderes del sector comercial y empresarial de Puerto Cabello, expresaron este miércoles su opinión sobre la decisión tomada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que revisará por segunda ocasión el recurso de nulidad contra la reforma de la Ley General de Puertos, introducido por el Gobierno regional del estado Carabobo.

Aclararon que es apenas una revisión en la que ambas partes tendrán la oportunidad de exponer con mayor profundidad sus argumentos.

Alegan que ante el escenario actual, la única expectativa que tiene este sector, es que el puerto de Puerto Cabello funcione con un notorio margen de eficiencia como siempre lo han anhelado, "independientemente de quien lo tenga", citaron.

¡Era la vía a seguir para resolver este conflicto! Sugirió Rivas, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Cabello (CCPC), para referirse a las acciones que tanto las gobernaciones de los puertos expropiados en el país, como el estado, ejecutan para defender sus intereses sobre estas instalaciones.

Mencionó que el camino legal es el más expedito para aclarar la potestad que cada una de las partes tiene sobre las instalaciones.

Para Antonio Landaeta, primer vicepresidente de Fedecámaras Ca! rabobo, el recurso de nulidad es el camino que se debió seguir para exigir que se cumpla lo establecido en la Constitución Nacional. Afirma que desde que se ejecutó la acción de reversión, ha advertido que se trató de un acto anticonstitucional.

Precisó que la Cámara Venezolana de Almacenes Generales de Depósito (Cabedla), también introdujo ante el TSJ un recurso de nulidad contra algunos artículos insertos en la resolución 112, que permitió a BoliPuertos la rescisión de contratos para uso y explotación de patios, silos y almacenes.

Landaeta considera que la expropiación no fue la mejor vía. "Quizás si hubiesen aguardado a la culminación de cada contrato, la actuación se vería como más legal. Pero pretender ahora usar un recurso poco legal para ni siquiera reconocer los activos de cada empresario, no es la salida", sentenció Landaeta.

Sobre la posición asumida por el ministro Diosdado Cabello, en la que argumenta una presunta ilegalidad sobre el origen y permanencia en puertos y aeropuertos de los activos -propiedad privada- que operan en el puerto; ambos líderes empresariales no sólo la disienten, sino que alegan un problema de desinformación.

Santos advierte que si ése es el argumento, entonces el ministro debería comenzar a cancelar el 90% de esos equipos "porque están legalmente nacionalizados". Landaeta por su parte, aclara que una orden del TSJ dictó sentencia a favor de la normativa que regía la permanencia de maquinaria y equipos que prestaban servicio en puertos y aeropuertos del país, sin necesidad de que estén nacionalizados. "Su permanencia allí, automáticamente legalizaba su estatus", alegó el primer vicepresidente de Fedecámaras.

Fuente: El Carabobeño