| Propietarios de almacenadoras desconocen futuro de sus inversiones Costo de maquinarias represadas en el puerto de Puerto Cabello son incalculables [16/06/09]
Puerto Cabello, junio 16 (REDACTA).- Propietarios de las almacenadoras en el puerto de Puerto Cabello se preguntan qué pasará con sus inversiones, la mercancía depositada y claves de autorización otorgadas por el Sistema Aduanero Automatizado. A cuatro días de la publicación del decreto que permite al Estado la revisión y expropiación de estos espacios, silos y empresas que operan en los puertos del país, aún no hay respuesta. Les preocupan las máquinas represadas en el lugar, cuyos elevados costos con incalculables.
La situación se originó con dos resoluciones del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, publicadas en la Gaceta Oficial 39.197, del miércoles 10 de junio de 2009, con vigencia desde el jueves 11. Una de las resoluciones ordena a la empresa Bolivariana de Puerto (Bolipuertos) S.A., “efectuar la revisión de todas y cada una de las contrataciones que abarquen el uso de los espacios e infraestructura portuaria, especialmente en el área de almacenes, silos y patios...”.
La visita el viernes de Javier Torres Dávila, presidente nacional de la Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), enteró a trabajadores y consejeros comunales sobre las intenciones del Ejecutivo nacional, pero no dio respuesta al empresariado afectado por la medida.
El sábado se suspendieron los contratos de concesión otorgados por el Instituto Puerto Autónomo de Puerto Cabello (Ipapc), y este lunes, en busca de respuestas, parte de los empresarios se trasladó a Caracas.
En la sede administrativa de Bolipuertos en Puerto Cabello, uno que otro gerente de almacenadora o empresa de servicio caminaba en los pasillos. Nadie sabe qué va a pasar y prefieren guardar silencio, en espera de que las autoridades portuarias se pronuncien.
Antonio Landaeta, presidente saliente de la Cámara de Comercio de Puerto Cabello, expresó que el empresariado afectado sólo espera que el Estado les permita continuar su trabajo. Sobre las maquinarias represadas en el puerto nadie habla de sacarlas y llevárselas a otra parte. “No es como mover un carro”. Landaeta justifica la preocupación del empresariado por sus activos, debido a que los costos de estos equipos son incalculables: una tolva para cargas a granel (mercancía líquida y seca que comprende desde fertilizantes hasta granos), cuesta entre 150 y 180 mil bolívares fuertes, y una grúa de ganchos o clanché, 60 mil dólares.
Landaeta está preocupado además, por la suerte de los trabajadores. Ante la estatización o expropiación de estas empresas, el Estado deberá asumir la responsabilidad social de cinco mil empleados del puerto. Pero las condiciones necesarias para la absorción de la fuerza laboral, tampoco están definidas por Bolipuertos.
Más optimistas por la medida, los trabajadores aseguran que todas las advertencias hechas por el empresariado privado “son un chantaje mediático”, según sentencia Rafael Rivero, coordinador de las comisiones de trabajadores y consejeros comunales, encargados de diseñar las propuestas para manejar el puerto, bajo el criterio de contraloría social.
Explicó que son tres propuestas: producción socialista regida por el Estado (ya en práctica desde el Decreto); creación de una comisión de integración ciudad-puerto, que vele porque los recursos se queden en la ciudad; y una comisión de desarrollo humano, en pro del mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de la fuerza que labora en la terminal carabobeña.
Para el concejal Orlando Rodríguez, el panorama se ha tornado confuso e incierto. “Hay inquietud en todos los sentidos, muchos de los trabajadores portuarios y aduanales no dejan de manifestar su preocupación”. Pidió que sea garantizada la seguridad laboral.
Medida provocará escasez
El empresariado organizado considera que la toma gubernamental de los espacios portuarios, que incluye a las almacenadoras, silos y patios, repercutirá en más ineficiencia en el manejo de los puertos, agudización del desabastecimiento y aumento de la inflación.
El presidente de Fedecámaras, José Manuel González, denunció que el Gobierno Nacional, “vía Gaceta” tomó el control de las almacenadoras en los puertos, sin dialogar con las empresas concesionarias. Más que colocar en situación comprometedora al empresariado venezolano, considera que el gobierno “arrincona cada vez más a los venezolanos”.
Comentó que el Ejecutivo toma las almacenadoras sin que medie una comunicación, sino la simple resolución en Gaceta, y sin tomar en cuenta la mercancía que está en proceso de nacionalización.
Las almacenadoras están instaladas en espacios de la Nación, “pero también es cierto que hay unas concesiones dadas a estas almacenadoras; hay equipos que son de los concesionarios, que tienen unas claves secretas que no las pueden revelar”. Recordó que hay consecuencias penales en el otorgamiento de estas claves.
González auguró que con la medida gubernamental habrá un control total por parte del Estado, lo cual significa volver al Instituto Nacional de Puertos, con una ineficiencia superada hace tiempo.
El presidente de Consecomercio, Fernando Morgado, dijo que esas decisiones inconsultas “representan un error por parte del Gobierno Nacional, porque traerá más problemas que beneficios”. Añadió que en el sector del comercio y los servicios entiende que el Gobierno Nacional tiene un plan preconcebido de nacionalización de la mayoría de las actividades. “No podemos desmayar en insistir en que esto es un error, porque lo que se está haciendo provocará graves consecuencias para las importaciones, incluso una elevación en los costos que la tendrá que terminar pagando el consumidor”.
Mayores retrasos
Más del 50% de los productos de consumo nacional llega a través de los puertos. El proceso de expropiación ha generado retrasos que, según el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia (CCV), Ricardo Rivero, buscan acogotar al ciudadano, ya que será quien pague el incremento en los precios, producto de la escasez en materias primas y afines.
Rivero mantuvo que las empresas almacenadoras que tienen una relación funcional con el Gobierno Nacional, poseen una normativa afectada por la falta de planificación.
“Los costos en materias primas seguirán aumentando si se siguen poniendo trabas a las importaciones”, asomó Jorge Macanin, presidente de la Cámara de Pequeños, Medianos Industriales y Artesanos del Estado Carabobo (Capemiac), quien destacó que en Puerto Cabello se maneja 75% de las entradas de productos terminados y materia prima de todo el país. De llegar a incrementarse aún más los costos de materia prima, gran parte de la producción nacional se verá paralizada.
No sólo las importaciones se han visto disminuidas por las medidas impuestas de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). De 4 mil millones de dólares obtenidos por exportaciones el año pasado, en 2009 se estima que el monto no supere los 2 millones de dólares, vaticina Tulio Hidalgo, presidente de Fedecámaras Carabobo.
Hidalgo prevé pérdidas en la competitividad por la tardanza en la llegada y salida de los productos, que se suma a la tardanza en la asignación de divisas.
Luego de desestimar el anuncio hecho sobre una posible reunión urgente pautada para este lunes, los directivos de la Comisión Puerto-Aduana anunciaron que el encuentro se efectuará el próximo martes 23, tal y como estaba pautado, para analizar el decreto de estatización y expropiación de las almacenadoras.
Con información de Daniela Martucci, Ramón Rosales y Xiorland Fuentes
Viceministro visitó instalaciones portuarias
La visita de José Gregorio Alvarado Rondón, viceministro de Infraestructura, tomó por sorpresa este lunes a las autoridades del puerto de Puerto Cabello. Luego de realizar un recorrido por el Aeropuerto Internacional “Arturo Michelena” en Valencia y terminal “Juan José Flores” de Puerto Cabello, Alvarado Rondón visitó las instalaciones portuarias junto a Luis Gregorio Marín Campos, coordinador de la junta de reversión en la terminal carabobeña, para constatar la aplicación de las normativas nacionales e internacionales que rigen el transporte marítimo, como parte del proceso de reversión de estas instalaciones, versión que se maneja extraoficialmente debido a que luego de dos horas de recorrido, el viceministro ofreció declaraciones sólo a los medios de comunicación del Estado. Alvarado Rondón rechazó la versión dada sobre un supuesto deterioro del puerto y la minimización del arribo de buques a esta terminal. “La junta de reversión ha hecho una labor eficiente optimizando en más de un 90 ciento las operaciones”, según reseña la Radio Nacional de Venezuela en su página web.
Trabajadores de Almacenadora de La Guaira en expectativa
Caracas, junio 15 (REDACTA).- Debido a lo publicado en la Gaceta Oficial N° 39.197 con fecha 10 de junio de 2009, donde se declara la reversión al Ejecutivo, de los bienes que conforman la infraestructura portuaria del núcleo básico del Puerto La Guaira, trabajadores de las almacenadoras del estado Vargas solicitaron respuesta a las autoridades para conocer cuál será su situación ante tal decisión.
Durante la protesta expresaron su preocupación por desconocer cuál será el destino de las almacenadoras y su temor ante la posibilidad de que se produzca una reducción del personal por lo que solicitaron una mesa de trabajo para llegar a un acuerdo.
En la Gaceta, el Gobierno asegura que ya sea directamente o a través de otro órgano, se tomarán las medidas necesarias para asegurar y controlar la “plena continuidad del servicio de almacenamiento”. Sin embargo Robinson Ugueto, uno de los trabajadores de las Almacenadora de Puerto de La Guaira aseguró que “el Gobierno no nos va a tomar en cuenta como ellos lo están mencionando. “Razón por la cual -dijo- Queremos hacer una marcha en la que nos incorporemos los trabajadores de todas las almacenadoras y si es posible en una sola caminata”.
Aseguró que las autoridades “están encerradas en decir que hay una revisión, pero no han aclarado la situación y queremos una explicación lo más rápido posible”, por lo que están dispuestos a tomar el estado Vargas y a continuar paralizados en sus labores en el Puerto de La Guaira.
Fuente: El Carabobeño
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